El Senado da luz verde a la Ley de rehabilitación y regeneración urbana, que incluye ayudas para mejorar la eficiencia energética.
Además de ayudas para reducir el consumo energético se incluyen subvenciones de hasta 4.000 euros para la conservación de la vivienda y 4.000 para adecuar su accesibilidad.
Fuente: El Mundo
El Pleno del Senado dio el visto bueno, la pasada semana, al proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rechazó las cuatro propuestas de veto que habían presentando en su conjunto el PSOE, el Grupo Mixto y la Entesa pel Progrés de Catalunya.
El Ejecutivo presentó a principios de abril un paquete de medidas en materia de vivienda que contemplaba un proyecto de ley de rehabilitación y regeneración urbana así como un Plan Estatal de Vivienda presupuestado en 2.421 millones con el que se podrán crear 105.000 nuevos puestos de trabajo en un plazo de cuatro años.
Se establecen ayudas de hasta 4.000 euros por vivienda para la conservación, 2.000 para la mejora de la eficiencia energética y 4.000 para la mejora de la accesibilidad. La cuantía no podrá superar en un principio el 35% del presupuesto.
El objetivo del Gobierno pasa por llevar a cabo intervenciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas que permitan hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, así como la exigencia del deber de sus propietarios de mantener los inmuebles en adecuadas condiciones de conservación.
El Gobierno pretende también que las renovaciones a acometer reduzcan el consumo de energía de los edificios en porcentajes significativos con respecto a los niveles anteriores, lo que redundará en el crecimiento y el empleo del sector de la construcción.
Dentro de esta política, se ha traspuesto la normativa europea para la certificación energética de los edificios, obligatoria a partir de junio de este año. Hay que considerar que el peso de la rehabilitación en España es uno de los más bajos de la zona euro, situándose trece puntos por debajo de la media europea, que alcanza un entorno del 41,7 % del sector de la construcción.
Desde la oposición, se reclama al Gobierno que asegure el protagonismo de los poderes públicos en la rehabilitación liberando recursos para financiar las distintas actuaciones, al tiempo que insisten en que la norma invade competencias autonómicas.
